Urge entender que en el contexto del Estado y la Administración Pública del siglo XXI han surgido nuevos enfoques teóricos y conceptuales, y nuevas metodologías de trabajo, que son los que nos llevarán, necesariamente, a la materialización de los planes y políticas públicas que han sido diseñados para enfrentar los desafíos del ya no más aplazable desarrollo humano integral, lo que condiciona la confianza de la gente en los gobiernos y en las instituciones públicas. En el siglo XXI no se concibe una Administración Pública cuyas acciones no estén dirigidas a satisfacer el interés general y a procurar felicidad para las personas, ahí radica la posibilidad de legitimación de la autoridad pública frente a la ciudadanía.

La creación de capacidades en la Administración Pública para atender los desafíos, in crescendo, que enfrentan los gobiernos en la actualidad pasa por generar institucionalidad pública a prueba de todos los vaivenes de la política, especialmente en estos tiempos de alternancia democrática en el poder; debido a ello, el diseño de las política y las instituciones públicas debe responder a las cláusulas del Estado moderno, desde las perspectivas social, democrática, de derecho y de justicia, tomando debidamente en cuenta el reposicionamiento y el rol que están llamados a jugar los ciudadanos y ciudadanas en este desafiante, y también prometedor, siglo XXI.