Durante las últimas dos décadas el país, su economía y el sistema alimentario venezolano han sufrido importantes transformaciones, en el marco del proyecto político del gobierno conocido como Chavismo. En estos años se acentuó la dependencia del país de la renta petrolera y se intensificó el avance de la intervención del Estado en los mercados y del control de los poderes públicos por parte del Presidente de la República. Desde 2005, en medio de la bonanza de ingresos petroleros más prolongada en la historia económica del país, el gobierno chavista se propuso como objetivo central la instauración de un modelo denominado socialismo del siglo XXI, basado en el control de los precios, del tipo de cambio, del comercio exterior y en asumir la propiedad social de los medios de producción considerados estratégicos. Una parte central del modelo chavista ha sido la ocupación por el Estado, y con la participación protagónica de los militares, de los espacios de gobierno antes reservados a los civiles. Y por sobre todo, en la medida que se perdía el apoyo popular, el uso de la institución militar para mantenerse en el poder y violar los derechos humanos establecidos en la Constitución que son de carácter universal¹.

Venezuela hoy vive una crisis histórica, superior a la que existía antes de que el chavismo asumiera el control político de la nación. La economía venezolana se encuentra destruida, el país está endeudado y vive una emergencia humanitaria compleja, los ciudadanos se han empobrecido y emigran, se violan los derechos humanos y su imperfecta democracia ha sido sustituida por una autocracia, ahora desconocida por su ilegitimidad de origen por más de cincuenta países y diversas organizaciones multilaterales.