Durante las últimas tres o cuatro décadas, los procesos de descentralización han avanzado de manera vertiginosa alrededor del mundo. Las discusiones sobre gobernanza y desempeño gubernamental en los países en desarrollo, y en particular en América Latina, han involucrado progresivamente cuestiones acerca del papel que desempeñan los gobiernos subnacionales (locales e intermedios) en la provisión de servicios y bienes públicos. Estas discusiones no se han limitado a la dicotomía tradicional entre sistemas unitarios y federales, sino que han comprendido análisis detallados de los arreglos institucionales que permiten a los gobiernos subnacionales tanto la capacidad como la autonomía necesarias para incidir en los resultados de política pública.

Los sistemas unitarios y federales han sido tradicionalmente vistos como dos alternativas, opuestas y mutuamente excluyentes, para estructurar territorialmente un país política y administrativamente a nivel constitucional. En los sistemas unitarios, la soberanía reside exclusivamente en la Nación y por lo tanto los entes territoriales no tienen potestades inalienables, sino las delegadas por el poder nacional. En los sistemas federales, la Nación y sus estados o regiones constituyentes comparten la soberanía; es decir, los estados poseen ciertas potestades que la Nación, por sí sola, no puede arrebatarles. Consecuentemente, los estados en un sistema federal tienen cierta injerencia en políticas públicas de orden nacional como una forma de proteger su soberanía compartida. Por ejemplo, en México y en los Estados Unidos las reformas constitucionales deben ser no solo aprobadas por el congreso, sino también ratificadas por una mayoría (calificada, en Estados Unidos) de las legislaturas estatales.