Los jueces constitucionales han adoptado un rol activo en la revisión de los acuerdos internacionales de inversión (AII) como respuesta a los efectos nocivos en política y gasto público que han traído las demandas de inversionistas extranjeros en contra de Estados latinoamericanos. Así, las discusiones en los tribunales constitucionales de Colombia y Ecuador sobre la validez de este tipo de tratados han tenido como objetivo garantizar la capacidad regulatoria de los Estados en asunto de interés público, reconociendo que el ámbito de aplicación de estos tratados requiere un análisis detallado y profundo de sus cláusulas.

Rasgos generales del derecho internacional de la inversión extranjera

El derecho internacional de la inversión extranjera es un régimen de derecho internacional público que gobierna la protección de las inversiones extranjeras por parte de sus Estados receptores. La protección se materializa a través de tratados internacionales —comúnmente llamados acuerdos internacionales de inversión (AII)— firmados entre dos o más Estados que contienen obligaciones a cargo de estos sobre el trato que deben darle a los inversionistas provenientes de los otros Estados parte al tratado. La particularidad más importante de los AII es que les otorgan un derecho a los inversionistas extranjeros de acceder directamente a tribunales internacionales de arbitraje en caso de que consideren que el Estado receptor de su inversión ha vulnerado alguna de las protecciones conferidas por el respectivo tratado o incumplido alguna de las obligaciones contenidas en este. Esto distingue al régimen de derecho internacional de la inversión extranjera de otros regímenes de derecho internacional público, como el derecho de los derechos humanos, el cual si bien también otorga acceso de particulares a jurisdicciones internacionales lo condiciona al agotamiento de recursos internos.