He comenzado parafraseando la célebre obra de Karl Popper, La sociedad abierta y sus enemigos, publicada en 1945, para ejemplificar, quizá con gran precisión, que este enorme logro del siglo XXI, que es establecer la idea de los principios del Gobierno Abierto, fruto del proceso de empuje de los ciudadanos en todo el planeta y de un gran nivel de adaptación de las administraciones públicas, enfrenta serios riesgos. En un contexto de presumible regresión en diferentes variables del sistema democrático —que algunos llaman decaimiento de la democracia, vaciamiento de la democracia, adelgazamiento del Estado, etc.—, el gobierno abierto encuentra sus mayores adversarios precisamente en los sistemas teóricamente vinculados a su consolidación, en recientes reformas jurídicas, así como mandatos análogos, tales como lineamientos y acuerdos ejecutivos, y en el comportamiento de algunos actores políticos, que tienden a socavar logros alcanzados y, por supuesto, amenazan con una reversión a la opacidad, el autoritarismo y el centralismo de décadas pasadas.

Por ejemplo, el importante avance de que 112 países del mundo ya cuenten con leyes de transparencia y rendición de cuentas ha sido puesto en la lupa. Las mediciones de Transparencia Internacional del año 2020 acusan una regresión. La pandemia no solo ha sido un problema de salud, sino también un momento de intensificación de la corrupción estructural, que ha causado incluso un mayor número de muertes e incidencia que la enfermedad. Estados Unidos, por ejemplo, tuvo en estas mediciones una caída al lugar 25, debido a la escasa supervisión en la distribución de fondos y subsidios al amparo de la emergencia sanitaria.